Imagina por un momento que estás en el extranjero y, por cualquier motivo, necesitas hacer uso de un servicio público local de cualquier tipo, pero resulta que… ¡No hablas el idioma! Teniendo en cuenta la cantidad de circunstancias en las que podría ocurrir y el auge del sector del turismo, no se trata de una situación tan difícil de imaginar, ¿verdad?
Ahora que te hemos puesto en contexto, ¿no crees que lo más apropiado sería contratar a un mediador lingüístico y cultural? Hay diferentes ámbitos en los que podría darse la interpretación en los servicios públicos: médico-sanitario, socio-educativo o jurídico-policial, por ejemplo. Ya te hemos presentado la labor del intérprete profesional en los hospitales, pero hoy, queremos que te pongas en la piel de un intérprete en el contexto de un juzgado o una comisaría.
Los procedimientos de tramitación penal (juicios de faltas, sumarios y procedimientos abreviados) con primeras declaraciones, indagatorias y juicios son casos recurrentes que requieren del servicio de interpretación en los casos en los que las personas involucradas no se pueden comunicar en la misma lengua.
Como empresa de traducción, creemos en la importancia de un servicio lingüístico de calidad, en el que la interpretación en los juzgados sea lo más profesional posible. Para ofrecer un buen servicio como intérprete, es necesario estar cualificado y tener una formación especializada.
¿Qué diferencia a un profesional de una persona que domina las lenguas de trabajo?
El intérprete profesional no solo es un mediador lingüístico; también debe conocer la cultura de las personas involucradas. A diferencia de lo que se puede llegar a pensar, el trabajo del intérprete no empieza cuando entra en los juzgados: el carácter específico y preciso del lenguaje jurídico requiere una tarea de documentación previa a la asistencia lingüística.
Es esencial que sepa cómo solucionar los problemas que se le puedan presentar en el momento del ejercicio; problemas propios de la disciplina, las circunstancias y el contexto en el que se encuentra. Además, debe conocer los protocolos y manejar las modalidades propias de los servicios públicos (interpretación consecutiva, bilateral, susurrada, telefónica o traducción a vista) y las situaciones comunicativas habituales en este tipo de interacción.
En un juicio, la labor del intérprete se desarrolla presencialmente, sirviendo de enlace entre los jueces, fiscales o abogados y el ciudadano. Con fines de facilitar el proceso posterior y agilizar el acto comunicativo, el intérprete puede mantener una conversación previamente con la persona a la que va a interpretar.
Este intercambio de información puede ser de gran ayuda tanto para el intérprete como para la otra persona, ya que necesitará información sobre cómo funcionan los procesos judiciales en ese país y las diferencias que puede encontrar con su cultura de origen. Gracias a esa comunicación, podrá conocer mejor el caso y realizar un trabajo de mayor calidad.
Todo intérprete o traductor profesional sabe que su deber es transmitir el mensaje de manera fiel y ser lo más objetivo posible. Este es uno de los motivos por los que un allegado del usuario que sepa ambos idiomas no debería tomar el papel de intérprete: no sería imparcial y la actividad resultaría incómoda. Además, es importante que el encuentro se sobrelleve con prudencia y que el intérprete no tome ningún tipo de protagonismo en el acto.
Pero, ¿siempre se contrata a un intérprete profesional?
A pesar de la formación que debe tener el intérprete y la cantidad de habilidades que requiere ejercer la profesión, creemos que todavía se le da poca importancia a su profesionalidad. El desconocimiento con respecto a esta ocupación conduce a pensar que basta con dominar los dos idiomas, pero como hemos expuesto anteriormente, esto no es así.
Los riesgos y las consecuencias de contratar a una persona no cualificada para ejercer como intérprete en una comisaría o en un juzgado pueden ser muy graves y pueden tener como resultado penas de cárcel, sanciones económicas o incluso vidas humanas si la persona que hace de intérprete no es capaz de transmitir de forma correcta las declaraciones y los veredictos.
En los últimos años se han producido diversos casos en los que una actuación deficiente en este ámbito ha tenido consecuencias negativas en personas inocentes. Por ejemplo, hace unos años una ciudadana argelina tuvo que escapar de su país debido a que su vida peligraba por su orientación sexual. Al llegar a España y solicitar asilo, las personas que se encargaron de la labor de interpretación no siguieron el código deontológico de la interpretación por razones culturales. Esto tuvo como resultado que los intérpretes nunca comunicaran a las autoridades españolas que la razón de la solicitud de asilo era que la solicitante era homosexual y, por ello, su solicitud de asilo fue denegada en un principio.
En Tatutrad, empresa de traducción en Sevilla, le damos a la profesionalidad y el compromiso que caracterizan a nuestra profesión la importancia que se merece. Por ello, contamos con profesionales de la traducción y la interpretación altamente formados y cualificados para proporcionarte un servicio profesional y de calidad.
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Autora: Paula Jiménez Rivera.
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